La Corte frena parcialmente la ofensiva de Trump contra el asilo en la frontera sur
Publicado el 02/08/2025 a las 19:43
- Corte limita a Trump
- Migrantes aún pueden solicitar protección
- Proclamación enfrenta freno legal
Según informa CBS, un tribunal federal de apelaciones impuso un freno parcial a la proclamación del presidente Donald Trump que buscaba cerrar el sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La decisión, tomada por un panel de tres jueces del Circuito de DC, marca un revés significativo para la administración Trump en su intento de endurecer el acceso a la protección humanitaria para migrantes.
Trump emitió la proclamación apenas horas después de regresar a la Casa Blanca en enero, como una de sus primeras medidas ejecutivas de política migratoria.
Mediante esa orden, las autoridades fronterizas comenzaron a rechazar sumariamente a los migrantes que ingresaban de forma ilegal, sin permitirles presentar solicitudes de asilo.
El fallo reconoce derechos humanitarios obligatorios
El argumento del presidente fue que el país enfrentaba una «invasión» migratoria que requería medidas excepcionales.
Pero un juez de distrito, Randolph Moss, determinó en julio que esa proclama violaba la legislación estadounidense, la cual exige que el gobierno ofrezca a todo migrante que tema ser perseguido o torturado en su país de origen la oportunidad de solicitar protección.
La orden de Moss fue inicialmente suspendida por el tribunal de apelaciones mientras evaluaban el caso.
Ahora, el panel decidió levantar esa pausa, permitiendo que la orden de Moss entre en vigor de forma limitada.
Migrantes dentro de EE. UU. podrán apelar
La decisión implica que, mientras se resuelve el fondo del caso, los migrantes que ya se encuentren en territorio estadounidense podrán acogerse a las protecciones legales que impiden su deportación a países donde podrían ser víctimas de violencia o tortura.
Sin embargo, el panel también aceptó parcialmente los argumentos del gobierno.
Permitió que la administración continúe aplicando la proclamación de Trump para negar acceso al asilo a quienes aún no están en EE. UU.
El asilo, aclararon los jueces, es una protección discrecional: el gobierno puede otorgarla, pero no está legalmente obligado a hacerlo.
Asilo en Estados Unidos bajo revisión judicial
En cambio, sí enfatizaron que la ley estadounidense y tratados internacionales como la Convención contra la Tortura obligan al país a otorgar otras formas de protección a quienes cumplen ciertos requisitos.
Estas protecciones obligatorias, como la “suspensión de la deportación”, tienen un umbral legal más alto que el asilo, pero son vinculantes para el gobierno cuando el migrante prueba que enfrenta riesgo grave de persecución o tortura.
El fallo fue emitido por las juezas Patricia Millett y Cornelia Pillard, nominadas por Barack Obama, y Gregory Katsas, designado por Trump.
Aunque hubo disensos parciales entre los jueces, los tres coincidieron en que la proclamación no puede anular protecciones obligatorias establecidas por la ley y los tratados internacionales.
Organizaciones civiles y gobierno se enfrentan
Pillard incluso sostuvo que la orden de Trump tampoco debería impedir que los migrantes presenten solicitudes de asilo.
Los magistrados ordenaron un proceso acelerado para decidir el fondo del litigio y solicitaron a las partes presentar argumentos antes del 26 de septiembre.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes interpusieron la demanda.
Estos grupos denuncian que la política de Trump ha puesto en riesgo a miles de personas al impedirles acceder a procedimientos justos de protección.
Trump defiende sus medidas fronterizas
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la subsecretaria Tricia McLaughlin rechazó el fallo en un comunicado enviado a CBS News.
“La administración Trump está comprometida con restaurar la integridad del sistema migratorio y de justicia”, dijo McLaughlin, calificando al juez Moss como “deshonesto”.
También afirmó que la proclamación y otras acciones del gobierno, como el envío de tropas a la frontera, han contribuido a una reducción histórica de cruces ilegales.
Según cifras oficiales, en julio la Patrulla Fronteriza detuvo a solo 4,600 personas cruzando ilegalmente la frontera sur, la cifra más baja desde la década de 1960.
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