Virginia refuerza cooperación con ICE para deportaciones

• Virginia ordena cooperación con ICE.
•  Policía estatal tendrá nuevas facultades.
•  Cárceles locales deben colaborar en deportaciones.

Virginia se unió a un grupo de estados liderados por el Partido Republicano que obligan a su policía a colaborar con autoridades federales en deportaciones.

El gobernador Glenn Youngkin emitió la Orden Ejecutiva 47, exigiendo que las agencias policiales y penitenciarias estatales trabajen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Youngkin citó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que permite a los estados firmar acuerdos para «federalizar» a sus agentes en funciones de inmigración.

«Dangerous criminal illegal immigrants should not be let back into our communities to assault, rape and murder,» dijo el gobernador al anunciar la orden.

Virginia refuerza colaboración con ICE para identificar y deportar inmigrantes

Virginia se suma a estados como Tennessee, que enfocan su cooperación en inmigrantes con antecedentes criminales.

Bajo la nueva orden, la Policía Estatal de Virginia firmará un acuerdo con ICE bajo el modelo 287(g) para identificar y detener inmigrantes indocumentados.

El acuerdo otorga a los agentes estatales facultades especiales para realizar tareas de inmigración bajo la supervisión de ICE.

La orden también obliga a las cárceles locales y regionales de Virginia a certificar su cooperación con ICE y la nueva fuerza policial estatal.

El secretario de Seguridad Pública, Terrance Cole, deberá garantizar que todas las autoridades penitenciarias del estado cumplan con la orden ejecutiva.

Las instalaciones del Departamento de Correcciones de Virginia podrán ser utilizadas para el procesamiento y detención de inmigrantes.

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La vicegobernadora Winsome Earle-Sears, quien busca suceder a Youngkin, respaldó la medida y destacó su compromiso con la seguridad pública.

«Trabajando con el presidente Trump, enfrentaremos el flagelo de los inmigrantes ilegales peligrosos», afirmó Earle-Sears.

El anuncio ha generado debate sobre el impacto de la medida en las comunidades migrantes del estado.

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