Nueva demanda sacude al Gobierno Trump por supuesto soborno fronterizo

• ONG acusa al Gobierno Trump
• Exigen grabación del FBI
• Homan niega los sobornos

Según informa la agencia EFE La organización anticorrupción Democracy Forward presentó una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump para exigir la publicación de una grabación que presuntamente demuestra el pago de un soborno al exasesor Tom Homan.

Según la querella, Homan —conocido como el “zar de la frontera”— habría recibido 50.000 dólares en efectivo de un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por contratista de seguridad.

La denuncia fue presentada ante una corte federal en Washington D.C. y solicita al Departamento de Justicia y al FBI entregar las grabaciones “de manera expedita”.

Democracy Forward sostiene que el caso es de “interés excepcional” para el público y una prueba de cómo la administración republicana “debilita la rendición de cuentas”.

Democracy Forward exige acción inmediata

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ONG demanda al Gobierno Trump en caso de supuesto soborno a ‘zar de la frontera’

La ONG anticorrupción Democracy Forward presentó este lunes una demanda en contra del Gobierno de Donald Trump para que se publique una grabación donde presuntamente se demuestra que el… pic.twitter.com/2g9LmfDGcv

— CHTVHN (@chtvhn) October 7, 2025

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que las agencias federales deben cumplir con la ley y publicar la grabación sin demora.

“La Administración Trump-Vance sigue erosionando la confianza pública”, expresó en un comunicado.

La organización advierte que la negativa del FBI a entregar el material solo profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

El caso se apoya en la Ley de Libertad de Información (FOIA), que garantiza el acceso del público a documentos gubernamentales de interés nacional.

Trump soborno zar frontera y el papel del FBI

De acuerdo con MSNBC, el supuesto soborno se registró en 2024, cuando agentes encubiertos del FBI se hicieron pasar por contratistas interesados en contratos federales.

En la grabación, Homan habría prometido ayudarlos a obtener beneficios durante un eventual segundo mandato de Trump.

El encuentro habría ocurrido un mes antes de las elecciones presidenciales, lo que podría implicar un trasfondo político en el caso.

No obstante, el FBI —bajo el liderazgo de Kash Patel, aliado cercano de Trump— cerró la investigación sin ofrecer explicaciones, lo que encendió alarmas sobre una posible interferencia política.

Reacciones del ‘zar de la frontera’

Tom Homan negó rotundamente las acusaciones y las calificó de “jodidas mentiras” durante una entrevista con NewsNation el 20 de septiembre.

Aseguró que nunca recibió dinero y que todo el caso es “una invención con fines políticos”.

Homan, uno de los asesores más leales al expresidente, defendió su trabajo en materia migratoria y dijo que la denuncia busca dañar su reputación.

El exfuncionario sigue participando en medios conservadores, donde respalda la política fronteriza del gobierno republicano.

Investigación cerrada y dudas persistentes

El cierre del expediente por parte del FBI generó críticas por la falta de transparencia y la aparente falta de rendición de cuentas.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la decisión se tomó después de un informe confidencial que mencionaba a varios funcionarios vinculados al entorno de Trump.

Democracy Forward sostiene que ocultar la grabación constituye un acto de opacidad institucional y una violación del derecho ciudadano a la información.

Los abogados de la ONG planean apelar si la corte no obliga al Gobierno a divulgar el material solicitado.

Presiones políticas y consecuencias legales

Expertos en derecho y transparencia advierten que este caso podría marcar un precedente sobre la relación entre el poder ejecutivo y las instituciones de justicia.

Si la grabación se hace pública, podría derivar en nuevas investigaciones y aumentar la presión sobre figuras cercanas al presidente Trump.

El Departamento de Justicia no ha emitido comentarios, mientras que el FBI insiste en que “cumple plenamente con la ley”.

Mientras tanto, Democracy Forward asegura que continuará su lucha judicial para “defender la integridad democrática y exponer la corrupción gubernamental”.