Más de 150.000 funcionarios en EE.UU. cobran sueldos sin trabajar

• Pagan sueldos sin trabajar
• Trump reduce la burocracia
• 154,000 funcionarios en pausa

Según informa la agencia EFE, El Gobierno de Estados Unidos está pagando a más de 150.000 empleados públicos para que no regresen a sus puestos de trabajo.

Se trata de un mecanismo de “renuncia en diferido” promovido por la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de reducir gastos.

La medida fue anunciada como parte de una estrategia para reducir el tamaño del aparato burocrático federal, al que Trump ha calificado como “inflado”.

Según confirmó este jueves una portavoz de la Oficina de Administración de Personal al diario The New York Times, hasta 154.000 trabajadores han sido autorizados a mantenerse en sus hogares.

Renuncia en diferido divide opiniones

154,000+ federal employees are being paid not to work.

The Trump admin’s “deferred resignation” program is quietly costing taxpayers millions. #WashingtonEye pic.twitter.com/KcrgW64Kja

— Washington Eye (@washington_EY) July 31, 2025

Ellos permanecerán recibiendo salarios completos hasta el cierre del actual año fiscal, que culmina el 30 de septiembre, o incluso hasta el 31 de diciembre de 2025, dependiendo del caso.

Esta cifra representa un poco más del 6 % del total de 2,3 millones de funcionarios que componen la plantilla del Gobierno federal.

La Casa Blanca había revelado en enero que ofrecería compensaciones económicas a los empleados que aceptaran dejar su cargo de manera voluntaria.

Sin embargo, la estrategia generó preocupación entre los sindicatos y diversas organizaciones laborales.

Funcionarios federales EE.UU. en incertidumbre

Estas asociaciones denunciaron que la política de renuncias voluntarias en diferido podía provocar una parálisis operativa en diversas agencias del Estado.

Pese a ello, el plan ha seguido adelante con ajustes, convirtiéndose en uno de los pilares de la reforma administrativa impulsada por Trump.

En línea con esta política, el pasado 11 de julio el Departamento de Estado notificó el despido de más de 1.300 trabajadores tanto en territorio estadounidense como en misiones diplomáticas en el exterior.

Paralelamente, un grupo de senadores del Partido Demócrata difundió esta semana un informe crítico sobre el impacto económico del programa.

Críticas a gastos y despilfarros

Según el documento, el Gobierno federal ha desembolsado miles de millones de dólares para sostener a empleados que no están cumpliendo funciones activas.

En muchos casos, los trabajadores se encuentran de baja no solo por la renuncia en diferido, sino también por estar involucrados en litigios laborales derivados de despidos recientes.

Los senadores también apuntaron sus críticas al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), organismo encargado de coordinar la reestructuración administrativa.

El DOGE fue liderado por el empresario multimillonario Elon Musk durante varios meses tras la llegada de Trump a la presidencia.

Funcionarios federales EE.UU.: ¿desvinculación definitiva?

Su misión oficial era reducir el gasto público mediante el rediseño de procesos administrativos, la digitalización de servicios y la eliminación de funciones redundantes.

No obstante, el informe legislativo sostiene que el DOGE incurrió en prácticas de despilfarro, malversando recursos por un total de 21.700 millones de dólares.

Entre los gastos identificados como problemáticos se incluyen contratos de consultoría, rediseños tecnológicos sin implementación y pagos extraordinarios a ejecutivos de alto nivel.

El senador Michael Bennett, uno de los firmantes del informe, calificó las acciones del DOGE como un “fracaso multimillonario camuflado de reforma”.

El futuro de los empleados suspendidos

La administración Trump no ha respondido de forma directa a las acusaciones, pero ha defendido que el programa de renuncias diferidas permite evitar despidos abruptos.

Además, voceros del Ejecutivo aseguran que el costo de mantener a los empleados en casa es inferior al que generaría una paralización repentina de múltiples agencias federales.

Con la fecha límite del 30 de septiembre cada vez más cercana, aumenta la presión sobre la Casa Blanca para definir qué sucederá con los trabajadores en suspensión.

Algunos analistas consideran que una parte significativa de estos empleados podría no ser reincorporada nunca al servicio público.