Arrestan a jefes de policía y alguaciles en Luisiana por fraude de visas para migrantes

Fraude de visas U

Policías arrestados Luisiana

Sobornos a migrantes

Según informa la agencia EFE, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este miércoles el arresto de cinco personas, incluidos jefes de policía y alguaciles en Luisiana, acusados de un esquema fraudulento para que migrantes obtuvieran visados a cambio de sobornos de hasta 5.000 dólares.

Según las autoridades, los implicados habrían cobrado dinero para emitir reportes policiales falsos que describían crímenes inexistentes, con el fin de facilitar que migrantes solicitaran la visa U, un beneficio migratorio reservado para quienes son víctimas o testigos de ciertos delitos graves y que cooperen con la justicia.

Alexander Van Hook, fiscal federal interino del Distrito Occidental de Luisiana, explicó en conferencia de prensa que los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude de visado, sobornos, lavado de dinero, fraude postal y fraude migratorio.

“En específico, la imputación alega que los acusados fraudulentamente obtuvieron o ayudaron a obtener visados U para no inmigrantes”, detalló Van Hook, al subrayar la gravedad de los delitos.

Fraude de visas U expuesto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a cinco personas, incluyendo jefes de policía y alguaciles, por desarrollar un esquema para que migrantes obtuvieran visados a cambio de sobornos de hasta 5,000 dólares en Luisiana.

Los detenidos son acusados… pic.twitter.com/feNt80YJrh

— NMás (@nmas) July 16, 2025

El funcionario denunció que el caso refleja un “abuso” del sistema de visas U, el cual fue creado para proteger a víctimas de delitos violentos y facilitar la cooperación con las autoridades para investigar y resolver estos casos.

La visa U fue aprobada como parte de la Ley para Víctimas de Trata y Protección de la Violencia del año 2000 y otorga estatus legal temporal con permiso de trabajo, así como la posibilidad de solicitar la residencia permanente si se cumplen ciertos requisitos.

Entre los delitos para los que está diseñada se incluyen violencia doméstica, agresiones sexuales, trata de personas, secuestro, homicidios, violación, prostitución forzada y otros crímenes graves que afectan a comunidades vulnerables.

Entre los arrestados se encuentran Chad Doyle, jefe de policía de Oakdale; Glynn Dixon, jefe de policía de Forest Hill; y Tebo Onishea, exjefe de la policía de Glenmora.

Corrupción policial y pagos ilícitos

Visas U: Arrestos por fraude FOTO: SHUTTERSTOCK

Las autoridades también arrestaron al alguacil de Oakdale, Michael Slaney, y al empresario Chandrakant Patel. A quien la investigación identifica como el presunto organizador del esquema.

La acusación indica que Patel cobraba a migrantes para reportar falsos robos a mano armada. Luego distribuía parte del pago a los policías para que elaboraran reportes oficiales falsos que sustentaran las solicitudes de visa U.

Los documentos judiciales señalan que los migrantes pagaban hasta 5.000 dólares por cada trámite fraudulento. Lo que generaba ingresos ilícitos que los acusados lavaban o transferían para evitar la detección.

El DOJ detalló que las penas a las que podrían enfrentarse los acusados van desde 5 años de prisión por conspiración hasta 20 años por fraude postal. Así como multas de hasta 250.000 dólares por cada cargo federal.

Impacto social del fraude migratorio

Visas U: Arrestos por fraude FOTO: SHUTTERSTOCK

Las autoridades subrayaron que este tipo de fraude no solo perjudica al sistema migratorio estadounidense. Sino que también debilita la protección diseñada para víctimas reales de delitos violentos.

Alexander Van Hook insistió en que “la visa U es una herramienta esencial para que las fuerzas del orden combatan el crimen”. Ya que alienta a las víctimas a cooperar sin temor a la deportación.

El fiscal recalcó que el abuso del programa pone en riesgo su integridad y desvía recursos que deberían destinarse a quienes realmente necesitan protección.

El caso ha generado preocupación en las comunidades locales de Luisiana. Donde la confianza en las autoridades policiales ya enfrentaba desafíos previos por denuncias de corrupción y abusos.