La Casa Blanca refuerza su política de deportaciones hacia El Salvador

Casa Blanca: No hay límite en deportaciones.

Trump defiende política migratoria agresiva.

El Salvador alberga pandilleros deportados.

La Casa Blanca afirmó este lunes que no existe un límite acordado sobre la cantidad de personas que pueden ser deportadas a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua (TdA) o de las maras, a pesar de la oposición judicial y de organizaciones de derechos civiles.

«No hay límite para el acuerdo: seguiremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador, así como a muchos otros países», explicó a los medios Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y considerado el arquitecto de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Las declaraciones de Miller se produjeron justo antes de la reunión entre Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Blanca.

Miller añadió: «Quedan miles de miembros de Tren de Aragua en este país o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo por erradicar esta organización terrorista extranjera de Estados Unidos».

El Salvador alberga pandilleros deportados bajo acuerdo con EE. UU.

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El Salvador, como parte de un acuerdo con Washington, ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), para albergar a presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 expulsados desde EE. UU.

Este acuerdo involucra una suma de seis millones de dólares de parte de Estados Unidos, aunque muchos detalles siguen sin ser revelados.

En el marco de la ofensiva migratoria liderada por Trump, Washington ha calificado al TdA como una amenaza invasora en su territorio, apoyándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar los procesos de deportación de los miembros de esta organización criminal.

Esta ley fue utilizada en un polémico operativo el pasado 15 de marzo, cuando se enviaron al CECOT a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado por error, ya que un juez estadounidense había bloqueado su deportación en 2019 debido al riesgo para su vida si regresaba a su país.

El Tribunal Supremo de EE. UU. ordenó el retorno de Ábrego García al gobierno estadounidense, quien ya no está bajo custodia federal, pero la administración Trump defendió que la ley de «enemigos extranjeros» no se aplica a las protecciones judiciales de deportación, como en su caso.

Miller señaló que «las órdenes de protección (a la deportación) no se aplican a las organizaciones terroristas extranjeras por razones obvias», a pesar de que el propio gobierno ha reconocido el error en la expulsión y aún no ha presentado pruebas de que Ábrego García perteneciera a alguna organización criminal.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó su intención de acatar la decisión del Tribunal Supremo, lo que podría llevar al anuncio de la vuelta de Ábrego García a EE. UU. durante su reunión con Bukele, que se celebrará en las próximas horas.

Este episodio pone en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias de la administración Trump y los derechos humanos de los migrantes.

Las organizaciones de derechos civiles han condenado la deportación de personas a países con regímenes de seguridad cuestionables, argumentando que pone en riesgo la vida de muchos deportados.

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La controversia sobre la expulsión de miembros de las pandillas, sin pruebas claras de su pertenencia, añade un nuevo capítulo a las críticas internacionales hacia la política migratoria de EE. UU.

FUENTE: EFE / Infobae