Colorado desafía a Trump y refuerza protecciones para migrantes con nueva ley estatal

Colorado refuerza protección para migrantes

Rechazan colaboración con ICE

Garantizan derechos sin discriminación

El estado de Colorado ha dado un paso firme en defensa de los derechos de los inmigrantes.

Esto al aprobar una nueva legislación que fortalece sus protecciones frente a las políticas federales de inmigración impulsadas por la administración Trump.

La Cámara de Representantes estatal, dominada por demócratas, votó a favor del proyecto SB25-276, también conocido como “Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio”, señaló ‘EFE’.

Esta medida, que modifica leyes anteriores sobre seguridad vial y trato policial a personas indocumentadas, marca un cambio significativo en cómo el estado interactúa con el gobierno federal en temas migratorios.

Colorado impulsa reforma migratoria estatal

Colorado refuerza protección para migrantes con nueva ley-Foto: Shutterstock

El gobernador Jared Polis, también demócrata, ya ha expresado su intención de firmar la legislación, lo que consolidará a Colorado como un bastión de resistencia frente a las duras políticas migratorias federales.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas figuras prominentes del Partido Demócrata y defensoras de los derechos civiles.

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Entre los cambios más importantes que propone la ley está la eliminación del requisito de presentar una declaración jurada para que los inmigrantes puedan obtener documentos de identidad estatales.

Además, prohíbe explícitamente que las cárceles locales mantengan detenidas a personas únicamente por su estatus migratorio, sin que exista una orden judicial de por medio.

Detalles clave de la ley SB25-276

La legislación también veta a las fuerzas del orden locales, o de otros estados, de arrestar en Colorado a personas sospechosas de carecer de documentos migratorios válidos.

De igual manera, impide que policías o alguaciles locales firmen contratos con agencias de inmigración federales, incluso si esos acuerdos no incluyen pagos financieros.

Una de las disposiciones más destacadas permite que los inmigrantes sin documentos soliciten la nulidad de una declaración de culpabilidad en casos menores si no recibieron asesoría adecuada sobre sus derechos legales.

Sin embargo, la ley también establece que sí habrá colaboración con autoridades federales si se trata de delitos federales o si existe una orden judicial que así lo ordene.

Más protección legal para indocumentados

Para la legisladora Elizabeth Velasco, esta nueva normativa refleja los valores inclusivos de la comunidad.

“Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor”, expresó Velasco en un comunicado difundido tras la votación.

“Estamos tomando medidas para fortalecer las leyes de Colorado sobre el intercambio de datos personales y reafirmar nuestras protecciones existentes para garantizar el debido proceso para todos, independientemente de su estatus migratorio”, agregó.

El contexto político nacional no ha tardado en reaccionar ante esta nueva ley, especialmente desde Washington.

La administración del expresidente Donald Trump ha sido crítica con los estados conocidos como “santuarios” por su negativa a colaborar plenamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Colorado figura entre esos estados, y ahora enfrenta una demanda presentada por el Departamento de Justicia federal en una corte de Denver, que también incluye al gobernador Polis, al fiscal estatal Phil Weiser y al alcalde de Denver, Mike Johnston.

El gobierno federal alega que las políticas de santuario han permitido el avance de grupos criminales, como el Tren de Aragua, en ciudades como Aurora, en las afueras de Denver.

Según sus argumentos, estas pandillas se habrían “apoderado” de edificios y zonas enteras aprovechando la limitada cooperación con ICE.

Reacciones políticas y demanda federal

Sin embargo, funcionarios locales, como el alcalde republicano de Aurora, Mike Coffman, han rechazado esas acusaciones.

Señalando que, si bien existen problemas de seguridad, no hay evidencia de que las pandillas dominen el área ni que haya una política de obstrucción a las autoridades federales.

Con esta nueva legislación, Colorado reafirma su compromiso con los derechos humanos y lanza un mensaje contundente:

En este estado, la inclusión y el respeto al debido proceso legal están por encima de presiones federales o ideológicas, apuntó ‘EFE’ y ‘El Diario NY‘.