Trump exige lista de reclusos indocumentados en California y reaviva disputa migratoria con el estado
Publicado el 18/07/2025 a las 01:22
- DOJ exige lista de inmigrantes
- California resiste cooperación con ICE
- Redadas aumentan en Los Ángeles
Según informa la agencia EFE, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó oficialmente a departamentos del alguacil en California una lista completa de todos los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses.
Entre los departamentos requeridos están los de Los Ángeles y San Francisco, ambos conocidos por mantener políticas santuario.
La solicitud incluye información detallada sobre los cargos penales de cada recluso y sus fechas programadas de liberación.
Según el DOJ, el propósito es “priorizar” la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
Pam Bondi defiende la medida federal
El Gobierno Trump solicitó este miércoles a múltiples departamentos del alguacil en California, incluidos Los Ángeles y San Francisco, la lista de todos los reclusos en sus cárceles que no sean ciudadanos estadounidenses.https://t.co/eG5XFp2HnS
— Forbes Colombia (@forbescolombia) July 17, 2025
El comunicado federal afirma que “todo indocumentado, por definición, viola la ley federal”.
Además, el DOJ sostiene que quienes han cometido delitos representan un mayor riesgo para la seguridad nacional.
La fiscal general Pam Bondi, a cargo del Departamento de Justicia, pidió colaboración a las autoridades locales.
Bondi declaró que esta es una “responsabilidad compartida” para proteger a las comunidades estadounidenses.
DOJ inmigrantes California: redadas y tensiones
Esta medida se enmarca en una prolongada confrontación entre la Administración Trump y el estado de California.
Desde 2017, el gobierno federal ha criticado duramente a California por rehusarse a cooperar con ICE.
La Casa Blanca considera que las políticas santuario dificultan la aplicación efectiva de las leyes migratorias.
En consecuencia, el gobierno ha recortado fondos federales destinados a seguridad pública en ciudades santuario.
ICE detiene a miles sin antecedentes
También ha impulsado operativos migratorios en zonas de alta población inmigrante, especialmente en el sur de California.
La región metropolitana de Los Ángeles ha sido blanco de redadas desde el pasado 6 de junio.
Las autoridades federales aseguran que estas acciones se centran en personas con historial criminal.
Sin embargo, los datos oficiales de ICE contradicen esa afirmación en parte.
Críticas por criminalización de comunidades
Entre el 1 y el 26 de junio, ICE detuvo a 2.031 personas solo en el área de Los Ángeles.
Del total, un 68% no tenía antecedentes penales en Estados Unidos.
Además, el 57% de los detenidos nunca había sido acusado de delito alguno.
Estas cifras han despertado críticas sobre la verdadera motivación de las redadas.
California insiste en proteger a inmigrantes
Funcionarios estatales defienden que las políticas de santuario fortalecen la confianza entre la policía y los inmigrantes.
Argumentan que compartir datos con ICE podría disuadir la colaboración ciudadana en investigaciones criminales.
Diversos expertos legales han advertido sobre posibles violaciones de derechos civiles si se entrega la información solicitada.
A pesar de ello, el DOJ ya ha iniciado acciones legales contra la ciudad de Los Ángeles por su resistencia.
Pam Bondi advierte consecuencias legales
En la demanda, se argumenta que negarse a colaborar con ICE infringe leyes federales de inmigración.
Bondi advirtió que los departamentos del alguacil que no cumplan podrían enfrentar sanciones legales.
Entre las consecuencias están recortes presupuestarios y posibles procesos judiciales.
La tensión entre el gobierno federal y California ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
Consecuencias políticas del enfrentamiento migratorio
California ha aprobado leyes para limitar la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.
También ha destinado fondos públicos para proveer defensa legal gratuita a inmigrantes detenidos.
Estas acciones han sido calificadas por la Casa Blanca como “obstrucción” a las políticas federales de inmigración.
Organizaciones civiles y grupos de derechos humanos han condenado la reciente medida del DOJ.
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