Deportan a Guatemala a hombre condenado por abuso infantil en EE. UU.

• Deportan abusador infantil
• ICE expulsa criminal sexual
• Guatemala recibe condenado grave

Segun informa ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó la expulsión de Álvaro De Jesús Martínez-Juárez, un ciudadano guatemalteco de 55 años, quien fue retornado a su país el pasado 28 de junio tras cumplir parte de su condena por delitos sexuales contra un menor.

Martínez-Juárez fue catalogado por las autoridades como un “depredador sexual infantil” debido a la gravedad de sus crímenes, y fue entregado a oficiales guatemaltecos en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala, concluyendo así un extenso proceso penal y migratorio iniciado hace más de tres décadas.

De acuerdo con la información oficial, el hombre ingresó de forma ilegal a Estados Unidos en 1990, cruzando la frontera desde México hacia California sin autorización ni inspección de un oficial migratorio, situación que le permitió residir de manera indocumentada durante años.

El subdirector de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Buffalo, Joseph Freden, subrayó el compromiso de la agencia de expulsar a extranjeros criminales que representen un peligro para la comunidad.

ICE refuerza acciones prioritarias

“ICE no tolerará que extranjeros delincuentes se aprovechen de niños inocentes en nuestras comunidades”, declaró Freden en un comunicado oficial, agregando que la agencia prioriza la localización y deportación de estos “viles depredadores”.

El historial judicial de Martínez-Juárez indica que el Departamento de Policía del Condado de Nassau, en el estado de Nueva York, lo arrestó por primera vez el 17 de marzo de 2015 y lo acusó de dos cargos de conducta sexual indebida en primer grado cometida contra un menor de menos de 13 años.

En septiembre de 2017, el Tribunal del Condado de Nassau lo declaró culpable de uno de los cargos y le impuso una condena de 12 años en una prisión estatal de Nueva York, tras un proceso que evidenció los abusos cometidos por el imputado, mayor de edad, contra un niño vulnerable.

El juez de inmigración federal responsable del caso emitió la orden definitiva de deportación el 9 de abril de 2019, dejando claro que al cumplir su sentencia penal las autoridades lo removerían del país y lo retornarían a Guatemala sin posibilidad de apelación efectiva.

Deportación de criminal extranjero tras condena

El 20 de junio de 2025, tras completar su tiempo en custodia bajo el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York en la prisión de Wallkill, los agentes de ICE Buffalo lo pusieron bajo arresto y se encargaron de ejecutar la orden migratoria pendiente.

Posteriormente, las autoridades lo trasladaron al centro de detención federal de Buffalo. Donde lo mantuvieron en custodia hasta coordinar y concretar el vuelo de remoción hacia Guatemala el 28 de junio. Cumpliendo así con el mandato judicial y migratorio estadounidense.

Según ICE, la expulsión de Martínez-Juárez forma parte de sus operaciones regulares para retirar del país a extranjeros con antecedentes penales graves. Especialmente aquellos condenados por delitos sexuales contra menores, considerados una de las máximas prioridades bajo las actuales políticas migratorias.

Autoridades migratorias recalcan que estos casos constituyen una amenaza severa para la seguridad pública. Motivo por el cual mantienen estrecha coordinación con agencias policiales estatales y federales para identificar, arrestar y procesar a individuos condenados para su deportación inmediata.

ICE y la seguridad de comunidades

El subdirector Freden insistió en que la colaboración con las fuerzas del orden es clave para asegurar que criminales condenados no permanezcan en suelo estadounidense tras cumplir sus penas, protegiendo así a las comunidades y, en particular, a los niños de potenciales reincidencias.

En los últimos años, ICE ha intensificado las acciones de identificación y arresto de personas con historial criminal significativo. Argumentando que su permanencia en el país representa un riesgo inaceptable para la seguridad de las familias estadounidenses.

Defensores de los derechos de las víctimas de violencia sexual infantil han apoyado estas medidas. Señalando que la deportación de criminales condenados es esencial para prevenir futuros abusos y ofrecer justicia a los sobrevivientes menores de edad.

Sin embargo, organizaciones críticas de la política migratoria de deportación masiva sostienen que, aunque los delitos graves justifican remociones. ICE a menudo utiliza estos casos de alto perfil para legitimar tácticas más amplias y agresivas que afectan a comunidades inmigrantes en general.

Justicia penal y ley migratoria

El caso de Martínez-Juárez ilustra la intersección compleja entre el sistema de justicia penal y la ley migratoria en Estados Unidos. Donde la culminación de una pena de prisión suele derivar en la deportación inmediata para extranjeros indocumentados o no residentes con antecedentes criminales graves.

ICE reafirma su compromiso de continuar trabajando con agencias locales, estatales y federales para ubicar y deportar a inmigrantes condenados. En su objetivo de reforzar la seguridad pública y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los niños.