Demanda contra el gobierno de Trump por despidos masivos e ilegales

• Demanda contra despidos masivos
• Trump ignoró regulaciones laborales
• Reclaman reinstalación y pago retroactivo

Una coalición de fiscales generales demócratas presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por el despido masivo de empleados federales en periodo de prueba.

Los fiscales, liderados por Nueva York, aseguran que estos despidos se realizaron sin el aviso previo requerido por la ley.

«Han trastocado la vida de los trabajadores, interrumpido servicios esenciales y obligado a los estados a esforzarse por proporcionar los recursos que necesitan», señalaron en el tribunal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, denunció que estos despidos han afectado a empleados en todo el estado y que en la última semana de febrero, 372 trabajadores solicitaron el seguro de desempleo.

Demanda: Despidos masivos en el Departamento de Asuntos de Veteranos

Más de 1.000 empleados del Departamento de Asuntos de Veteranos fueron despedidos en febrero, incluyendo personal de centros médicos en Nueva York.

Los fiscales argumentan que los empleados en periodo de prueba despedidos recientemente son trabajadores que fueron contratados, promovidos o trasladados recientemente.

El periodo de prueba en el gobierno federal suele ser de uno o dos años y está sujeto a regulaciones que la administración Trump ignoró.

La demanda busca una orden judicial que detenga más despidos sin previo aviso y la reincorporación de los trabajadores cesados desde el 20 de enero.

Desde la toma de posesión de Trump, el gobierno ha emitido órdenes ejecutivas que han afectado el empleo federal.

Varios abogados han presentado apelaciones colectivas en representación de los trabajadores despedidos.

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«Ya se han interpuesto varias apelaciones contra diversas agencias federales, y hay planes de presentar unas 15 más en nombre de miles de trabajadores federales», informó Christopher Bonk, del bufete Gilbert Employment Law.

Las apelaciones se están llevando ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB, por sus siglas en inglés), organismo encargado de proteger a los empleados federales de represalias políticas.

Las regulaciones establecen que los despidos por reducción de personal deben considerar la antigüedad, el rendimiento y el estatus de veterano de los empleados, algo que según los abogados no se cumplió.

«Aquí el gobierno de Trump ha ignorado deliberadamente la ley para estos procedimientos, y ya hemos visto la confusión y el daño resultantes», declaró Bonk.

Trump ha defendido los despidos argumentando que busca combatir «fraudes, despilfarros y abusos» dentro del gobierno federal.

El presidente y su asesor Elon Musk han ordenado «reducciones masivas de personal», afectando tanto a empleados de carrera como a nuevos trabajadores.

Muchos de los empleados despedidos han sido informados de manera somera de su cese bajo el argumento de «bajo rendimiento».

El abogado Daniel Rosenthal sostiene que se han violado numerosas regulaciones y derechos constitucionales con estos despidos.

«No hubo aviso previo, no hubo indemnización y no se tomaron en cuenta sus capacidades ni su rendimiento en el trabajo», denunció Rosenthal.

Allison Keating, exempleada del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, contó cómo la decisión del gobierno la ha afectado económicamente.

El impacto humano de los despidos masivos

«Soy solo una persona entre miles de personas que en este momento se encuentran en esta devastadora situación que altera la vida», expresó.

Keating advirtió que la reducción de personal en el gobierno tendrá un impacto profundo en la sociedad.

Los trabajadores en periodo de prueba tienen opciones limitadas para impugnar sus despidos, pero Rosenthal confía en que la MSPB pueda hacer justicia.

«Una reducción improcedente de personal es algo que casi cualquier empleado puede impugnar directamente», sostuvo el abogado.

Las demandas y apelaciones buscan la reincorporación de los empleados y el pago de salarios atrasados.

Sindicalistas y organizaciones sin fines de lucro han unido esfuerzos para frenar los despidos en los tribunales.

La MSPB emite anualmente alrededor de 5.000 decisiones y sus miembros son designados por el presidente y confirmados por el Senado.

Trump ha intentado destituir a Cathy Harris, presidenta de la junta, pero un juez federal le impidió hacerlo.

El magistrado Rudolph Contreras dictaminó que el intento de despido de Harris era ilegal porque no se basaba en «ineficiencia, negligencia en el deber o conducta indebida».

Las decisiones de los tribunales serán clave para determinar el futuro de miles de empleados federales despedidos por la administración Trump.

FUENTE: EFE / AP

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