Gobierno de Trump busca frenar demandas ambientales contra el centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’

• Trump defiende centro migratorio
• Ambientalistas buscan frenar obra
• Everglades en peligro ambiental

Según informa la agencia EFE, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración Trump, intensificó este jueves su defensa del polémico centro de detención de migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, al presentar una moción legal para frenar las demandas de dos grupos ambientalistas que buscan detener su construcción en pleno corazón de la reserva natural de los Everglades, en Florida.

La acción del Departamento de Justicia llegó apenas días después de que los grupos Friends of the Everglades Inc. y Center for Biological Diversity interpusieran una demanda para suspender las obras de este centro, ubicado en un hábitat protegido de caimanes, pitones y decenas de especies endémicas en peligro.

En su comunicado oficial, el Departamento de Justicia explicó que su División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD, por sus siglas en inglés) presentó la moción ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida para oponerse a la solicitud de suspensión de las obras que realizaron los ambientalistas.

El gobierno argumenta que su meta es evitar “retrasos innecesarios” que puedan comprometer la construcción del centro de detención temporal. El cual ya ha comenzado a recibir migrantes para su posterior deportación.

Impacto ambiental y oposición a Alligator Alcatraz

La demanda ambientalista fue presentada el pasado 27 de junio y sostiene que el gobierno federal violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Al no realizar el análisis de impacto ambiental que exige esta normativa antes de autorizar las obras en una zona tan sensible.

Según los demandantes, la construcción de ‘Alligator Alcatraz’ amenaza con destruir hábitats críticos y alterar de forma irreversible uno de los ecosistemas más icónicos de Norteamérica.

Los grupos solicitaron formalmente una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para detener las obras mientras se revisa la legalidad del proyecto. Con el objetivo de proteger los humedales y las especies en riesgo.

En respuesta, el Departamento de Justicia presentó este jueves su oposición formal. Asegurando que no existe una “acción final” de una agencia federal que active la revisión del proyecto bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Dado que la iniciativa fue impulsada a nivel estatal por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Argumentos legales y estrategia federal

El gobierno sostiene que la APA no se aplica a decisiones tomadas por agencias estatales y que cualquier reclamación relacionada con un eventual financiamiento federal es “prematura” en esta fase del proyecto.

Asimismo, el Departamento de Justicia afirmó que los grupos ambientalistas no han demostrado la existencia de un “daño irreparable” que justifique detener de inmediato la construcción del centro.

El caso está siendo liderado por abogados de la Sección de Recursos Naturales de la ENRD. Quienes señalaron que cualquier retraso pondría en peligro los esfuerzos federales para reforzar la aplicación de la ley migratoria.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó en el comunicado oficial: “Estamos orgullosos de proteger ‘Alligator Alcatraz’ de planes legales infundados y con motivaciones políticas”.

Debate político y futuro de Alligator Alcatraz

Por su parte, Adam Gustafson, fiscal general adjunto interino de la ENRD. Aseguró que frenar la construcción del centro “pondría en peligro esfuerzos críticos de aplicación de la ley migratoria y pondría en riesgo a los detenidos en instalaciones superpobladas”.

La administración Trump ha defendido el proyecto como parte esencial de su estrategia migratoria para acelerar deportaciones y reducir la saturación de centros de detención en la frontera y otros estados.

Con esta moción, el Gobierno federal busca garantizar la continuidad de las obras en los Everglades. Pese a las críticas de grupos ambientalistas y defensores de los derechos humanos, que alertan sobre las consecuencias ecológicas y sociales del proyecto.

Para los demandantes, el centro de detención representa una amenaza directa para la integridad de los humedales. La fauna protegida y el equilibrio ambiental de una región única en el mundo.